Resolución amenaza economía de 45 municipios de Cundinamarca

Lo que no destruyó el invierno lo podrá arrasar un fallo ambiental de hace 35 años.

Varias generaciones de cundinamarqueses que han vivido de la agricultura y la ganadería, en la cuenca alta del Rio Bogotá ven hoy amenazada su supervivencia por una ley ambiental que declaró esa zona como de “reserva forestal” hace 35 años .

La norma, que jamás fue publicada en el diario oficial y que nunca se aplicó, está vigente, de acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente.

El problema es que la mayoría del millón y medio de habitantes de esa zona ni sus antepasados inmediatos, como padres o abuelos, ni las mismas autoridades municipales, sabía de la existencia de la resolución 076 de de 1977, que hoy amenaza con colapsar económicamente a 45 municipios de esa zona y desplazar a casi millón y medio de personas, que viven de la actividad agropecuaria. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible “desempolvó” la norma el año pasado y parece decidido a aplicarla en la actualidad.

“Durante más de 200 años hemos vivido de la agricultura y la ganadería, y ahora nos dicen que no podemos seguir haciéndolo. El riesgo que corremos los 45 municipios es muy grande”, dijo Omar Ángel Salamanca, alcalde de Subachoque, en una reciente asamblea que reunió a los alcaldes y otras autoridades de los municipios afectados, a un delegado del gobierno y a miembros de la comunidad.

El alcalde Ángel le solicitó al gobierno del presidente Juan Manuel Santos que se reconsidere esta resolución; para que se ajuste a la realidad actual de los municipios.

De lo contrario, predijo que habrá “un millón y medio de desplazados más” porque, “¿Qué será de nosotros si se nos trunca el desarrollo económico?”, preguntó.

De acuerdo con la polémica y recién desempolvada resolución, el 90 por ciento del territorio de Subachoque, importante productor de gran parte de las verduras y legumbres y algunas de las frutas que se consumen en Bogotá y alrededores, no sería compatible con el uso del suelo para la producción agropecuaria.

Tampoco, le sería permitido al municipio el desarrollo de infraestructuras para usos residenciales, de servicios o de cualquier otro tipo.

“Es decir, que el desarrollo económico y social enfrentaría un grave riesgo”, dice un comunicado expedido por la alcaldía de del municipio.

La población, además, se vería seriamente afectada en su modo de vida “frente a la imposición de requerimientos ambientales que contradicen su realidad” actual, añade.

La resolución 076 afecta también a los municipios de Chía, La Calera, Tabio, Tenjo, Cogua, El Rosal, Suesca, Guasca, Nemocón, Guatavita, Sesquilé, Villa Pinzón y Facatativá, entre muchos otros.

“A nuestros municipios se les está cortando de un tajo el desarrollo”. No podremos ni siquiera expedir una licencia de construcción para el campesino más pobre”, denunció Néstor Guerrero, alcalde de Cogua.

Para él, así como para la gran mayoría de sus colegas en los municipios afectados, también está en la cuerda floja el plan de desarrollo.

¿Qué pasará si se necesita ampliar o construir otra escuela, hospital, ancianato, carretera, centro de salud o cualquier otra obra de infraestructura comunitaria?. No podremos hacer nada, estiman los alcaldes.

Ellos le piden al gobierno que se deje sin efecto la resolución de 1977 o que se les dé una salida inmediata que solucione esta gravísima situación, que está paralizando económicamente y pone en riesgo la vida de los 45 municipios afectados y sus habitantes.

“Necesitamos una respuesta urgente y precisa.

No podemos seguir en el limbo jurídico frente a una situación tan grave. Si la resolución 076 nunca se publicó en el diario oficial y jamás se aplicó en 35 años, en mi opinión, quedó sin efecto”, afirmó Álvaro Venegas, alcalde de La Calera.

La comunidad que habita en la zona afectada no entiende por qué la resolución se sacó en estos momentos, como una especie de “truco de magia”.

Tampoco, por qué las personas a las que eligieron como alcaldes tendrán que depender ahora del Ministerio del Ambiente para cumplir con algunas de las promesas de campaña ni por qué ellos tendrán ahora que recurrir al mismo ministerio para sembrar la tierra o construir una vivienda, hasta ahora ésos eran derechos ciudadanos que les pertenecían.

El Ministerio del Ambiente no ha tomado en cuenta a las comunidades, nunca les explicó por qué “desempolvó” una resolución que jamás aplicó, que nunca les explicó ni divulgó, pero cuya aplicación afecta sus vidas y supervivencia.

La mayoría de los campesinos no sabe cómo va a sobrevivir si no puede producir su comida en la tierra que habita y si, tampoco, puede trabajar esa tierra como lo venía haciendo, para dar estudio, salud y vestido a su familia.

“Mi abuelos, mis taitas y ahora mi mujer y mis cinco hijos hemos vivido del campo, de lo que cultivamos y vendemos y ahora nos dicen que no podemos seguir haciéndolo.

¿Por qué nos atacan de esa manera?, ¿por qué buscan desplazarnos?, nos dice un agricultor de Subachoque que no da su nombre por temor a represalias.

Aníbal Fernández de Soto, director general de Ordenamiento Territorial y Coordinación del sistema nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reconoció que el tema es delicado, pero les dijo a los alcaldes de los municipios afectados que la “resolución 076 está vigente”.

En un reciente encuentro en Subachoque les explicó que la situación está estancada porque la Corporación Autónoma Regional, CAR, no ha realizado el estudio técnico de la “reserva forestal” que se le encomendó y que, sin eso, no se puede avanzar en la toma de decisiones ni en las de soluciones.

La CAR, por su parte, se queja del estudio porque solo le fue encomendado hasta este año y que, por su complejidad y el poco tiempo que le dio el Ministerio para realizarlo, no ha podido hacerlo.

Fernández de Soto les pidió a los alcaldes que adelanten sus planes de desarrollo como lo tenían planeado para que después los ajusten al nuevo Plan de Ordenamiento Territorial que resulte de la serie de acciones que deberán tomar la CAR y el Ministerio.

Pero, el problema es que la parálisis en que encuentran los 45 municipios afectados pone en riesgo su sobrevivencia económica y lesiona seriamente la vida de sus habitantes, que viven de lo que les produce la actividad agropecuaria.

Fuente

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